“E”, esta afirmación tan contundente se pronunció en varias ocasiones en el Presídium de la COGECA celebrado el pasado 18 de abril en Bruselas. Lo sorprendente no es la afirmación en sí, sino que hacía referencia a varias intervenciones en el Parlamento Europeo, no sólo por parte de los eurodiputados, sino por parte de los representantes de organizaciones ecologistas y del propio sector. En definitiva, es una reforma que no gusta a nadie. Los ecologistas se sienten defraudados porque el greening presagiaba una ecologización de la PAC que según los propios ecologistas se ha quedado en agua de borrajas tras los debates en el Consejo y en el Parlamento.
La visión de los eurodiputados es también crítica, pero por motivos diferentes; consideran que la falta de flexibilidad de la Comisión ante los planteamientos del Parlamento no se corresponde con el procedimiento de codecisión y poco menos que está ninguneando a la Eurocámara.
Para los representantes del los productores y de las cooperativas la crítica es de mayor calado. Consideran que la reforma no obedece a las necesidades presentes y futuras del sector agrario y agroalimentario. De hecho, los debates se han centrado en los pagos directos, pero no se ha avanzado prácticamente nada en la OCM Única que es donde se abordan las cuestiones relacionadas con la regulación del mercado y el reequilibrio de la cadena, aspectos todos ellos que influyen en 70% de la renta de la mayoría de los productores. Sin embargo, la Comisión y los Estados miembros se han centrado en los pagos directos con el fin de alcanzar un compromiso político defendible en cada uno de ellos. Esto les ha llevado a aceptar dos principios: la convergencia externa de las ayudas y la convergencia interna. La convergencia externa ha supuesto una modificación en los flujos presupuestarios entre Estados miembros, circunstancia que nos ha beneficiado al tener unas ayudas a la hectárea inferiores a la media comunitaria, pero la convergencia interna la van a tener que hacer los propios países en base a una regionalización que, en la práctica, va a ser a la carta y tampoco va a conseguir una verdadera convergencia de ayudas entre productores, sino que pretende consolidar el status quo en su distribución. En la práctica la PAC va a dejar de ser común y eso supone un grave riesgo para su permanencia, en la medida en que cuando una política deja de ser común, no tiene sentido que se financie con el presupuesto comunitario.
Lejos quedan aquellos tiempos en que todos aplaudían la Comunicación del Comisario Ciolos para la reforma de la PAC, entre otras cosas porque todos se veían en la foto. Ahora parece todo lo contrario; expectativas truncadas y una sensación de distanciamiento con las necesidades presentes y futuras de un sector que debe seguir siendo un motor económico de primer orden.
Ninguna reforma de la PAC se ha planteado en un escenario tan complejo como el actual; un contexto de crisis económica sin precedentes, una UE ampliada a 27 Estados miembros extraordinariamente heterogéneos (tanto en lo político como en lo económico), una ausencia de liderazgo claro en la UE, y en particular en la Comisión, la instauración del procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo y, por si esto fuera poco, o tal vez como consecuencia de lo anterior, una propuesta del comisario Ciolos rompedora, redactada con la pretensión de redistribuir las ayudas de la PAC entre Estados miembros y entre productores e introducir unas exigencias medioambientales (greening) con el fin de encontrar el respaldo de la sociedad que no encontró en sus colegas del Colegio de Comisarios y, sobre todo, en los países detractores de la PAC.
La propuesta del Comisario, de llegar a aprobarse en su integridad, hubiera supuesto una reconfiguración sustancial de los pagos directos especialmente grave en España debido a su diversidad productiva, difícilmente compatible con la tasa plana y la convergencia propuesta por el comisario Ciolos.
En este sentido, hay que reconocer el esfuerzo y la estrategia realizada por el Ministerio de Agricultura que identificó rápidamente los puntos más sensibles y, con una política de alianzas eficaz, consiguió neutralizar la propuesta del Comisario. Por ello hay que valorar el acuerdo político alcanzado esta semana en el Consejo de Ministros, donde España consiguió sus objetivos fundamentales: limitar la superficie elegible para aproximarla a los 22 millones de Has (similar a la existente en la actualidad), beneficiarse de la convergencia externa (que nos beneficia como país al tener una media de pago único por hectárea inferior a la comunitaria) y acotar la convergencia interna, de tal forma que haya un reequilibrio más ajustado a la realidad productiva y no se produzcan graves alteraciones entre productores con respecto a la situación actual.
También se ha conseguido flexibilizar la aplicación del “greening”, especialmente preocupante para los cultivos permanentes, e incrementar el límite para los pagos acoplados al 12%, cuestión fundamental para la ganadería extensiva y algunos cultivos industriales.
En cuanto a las cuestiones de carácter sectorial, se prorroga obligatoriamente el sistema actual de derechos de plantación del viñedo hasta el 31 de diciembre de 2018 y se incorporan las conclusiones del Grupo de Alto Nivel que van a permitir mantener hasta 2024 un sistema de limitación de derechos. Esta ha sido una demanda fundamental de los productores que neutraliza la tendencia liberalizadora implantada en los últimos años en la UE. También el azúcar consigue mantener durante dos años más el sistema actual de cuotas que pretendía suprimir la Comisión en 2015.
En definitiva, el Consejo y en particular el Ministerio de Agricultura español, han conseguido atenuar las consecuencias que se podrían derivar de la aplicación de una propuesta de la Comisión que nunca debería haber visto la luz y que, lejos de atender los nuevos retos alimentarios y potenciar la mejora de la productividad y competitividad del sector, potenciaba una agricultura de corte más medioambiental y paisajista que económico.
También hay que destacar la introducción de la coexistencia de programas nacionales de desarrollo rural con programas regionales. Esta ha sido una demanda fundamental hecha desde Cooperativas Agro-alimentarias de España para potenciar la integración supra-autonómica y que fue defendida por el ministro Arias Cañete a pesar de no contar al principio ni con el apoyo de la Comisión ni de otros Estados miembros, pero con el tiempo fue ganando adeptos y perdiendo detractores hasta quedar plasmada en el acuerdo político del Consejo. Otro de los aspectos a valorar es el incremento de la intensidad de las ayudas a las inversiones que soliciten las OPs fusionadas y que conlleven un incremento del 35% de su volumen de comercialización o del número de socios. Esto último será sin duda un estímulo para la puesta en marcha de la Ley de Integración Cooperativa y que debemos valorar en su justa medida.
El capítulo más abierto es el relativo a la OCM Única en lo referente a la organización y vertebración del sector (Organizaciones de Productores, Asociaciones de OPs e Interprofesionales). Este es un aspecto clave para conseguir el reequilibrio de la cadena agroalimentaria que para Cooperativas reviste especial importancia. Lo mismo sucede con los instrumentos de regulación de mercado, donde países como España y otros 7 Estados miembros han firmado una declaración conjunta defendiendo la necesidad de actualizar los precios de referencia para la activación del almacenamiento privado y la intervención, de tal forma que tengan en cuenta la evolución de los costes productivos. Ambas cuestiones, las Organizaciones de Productores y la regulación de mercado, encuentran posiciones antagónicas en el Consejo.
Por una parte los países del Norte no quieren hablar ni de vertebración del sector (porque ya están vertebrados) ni de regulación del mercado, entre otras cosas porque sus empresas están muy internacionalizadas y encuentran en los países emergentes un refugio para sus excedentes coyunturales. Sin embargo, para España y para los países del Sur, ambas cuestiones son fundamentales para conseguir un equilibrio de fuerzas entre la producción, la industria transformadora y la gran distribución. En este sentido hay que valorar que se haya conseguido mantener el reconocimiento obligatorio para las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas, vino y leche, siendo potestad de los Estados miembros abrir el reconocimiento para los demás sectores.
Siguiendo con las Organizaciones de Productores, es interesante que se les haya concedido la capacidad para acordar una extensión de norma con fines relativos a la sanidad animal, vegetal y la seguridad alimentaria, si bien nos gustaría que prosperase en el trílogo la propuesta del Parlamento Europeo, más ambiciosa, y que permitiría a las OPs y sus Asociaciones retirar coyunturalmente producto del mercado sin necesidad de que tengan que existir problemas de carácter sanitario.
En definitiva, la valoración del resultado del Consejo es, en términos generales, positiva, sobre todo si tenemos en cuenta la diferencia de intereses existentes en la UE y que la propuesta de la Comisión venía francamente mal colocada. Si a esto añadimos los problemas y limitaciones comentados al principio, el esfuerzo de la delegación española es, si cabe, más importante.
Quedan ahora dos etapas pendientes: la primera es el cierre de la reforma y la segunda su aplicación en España. En cuanto a la primera, somos ligeramente optimistas porque la incorporación del Parlamento debería mejorar los flecos pendientes, entre otras cosas porque el dictamen del PE va más allá en determinados aspectos que el acuerdo político alcanzado en el Consejo. En cuanto a la segunda somos menos optimistas. Es evidente que aunque se ha conseguido atenuar el impacto de la convergencia interna propuesta inicialmente por la Comisión, no es menos cierto que las referencias históricas han terminado y para que no haya modificaciones sustanciales en los pagos recibidos entre regiones, sectores y productores es necesario realizar un ejercicio de creatividad extraordinario a la hora de definir las “regiones homogéneas”. Y es que el principal problema es que el agricultor considera el pago único como un derecho histórico, con todo lo que eso significa: un derecho adquirido y permanente.
Por todo ello, en Cooperativas Agro-alimentarias de España nos hemos concentrado en demandar instrumentos y medidas que permitan al productor mejorar su posición en el mercado y así mejorar su renta sin depender tanto de los pagos directos. Para ello es muy importante que se definan bien los criterios de calificación de las OPs y sus atribuciones, dejándolas cubiertas y amparadas de la actuación de las Autoridades de Defensa de la Competencia, al tiempo que confiamos que la coexistencia de un programa de desarrollo rural nacional con los regionales y los incentivos a las fusiones e integraciones de OPs sean un estímulo para la fusión e integración de nuestras cooperativas. Si finalmente conseguimos que la reforma permita reforzar los estímulos para la mejora de la competitividad y la vertebración y estructuración económica del sector, daremos por buena una reforma que originalmente tenía muy mala pinta y que, entre todos, habremos conseguido enderezar.
La Reforma de la PAC es el primer gran dossier comunitario que estrena el proceso de codecisión del Parlamento Europeo. Tras la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, el Parlamento ya no se limita a emitir un dictamen no vinculante como sucedía en el pasado, sino que tiene la facultad intervenir en el proceso de toma de decisiones con el Consejo y la Comisión. Este avance debería entenderse como un paso más en la construcción europea y pretende dar más poder a la Eurocámara que, hasta la fecha, ha sido más una institución consultiva que un órgano legislativo como correspondería a un Parlamento.
Desde el punto de vista del sector agroalimentario, al menos en lo que respecta a Cooperativas Agro-alimentarias de España, debemos decir que nos lo creímos y apostamos por ello, conscientes de las dificultades pero también de la gran oportunidad que se nos brindaba en la medida en que podríamos transmitir, a través del Parlamento Europeo, nuestras inquietudes y nuestros planteamientos al Consejo y a la Comisión en un escenario de negociación nuevo y mucho más democrático. De hecho, tanto Cooperativas Agro-alimentarias de España como el COPA-COGECA valoramos positivamente los dictamines aprobados por el Parlamento Europeo, por considerarlos más próximos a los planteamientos del sector que las propuestas del Comisario Ciolos.
Pero desgraciadamente tengo la impresión de que los hábitos adquiridos en la UE en los 50 años de existencia son difíciles de modificar y la intención del Consejo y de la Comisión de negociar las propuestas emanadas del Parlamento son más bien escasas, por no decir nulas. Esta sensación la tuve la semana pasada en Bruselas, cuando uno de los ponentes de la reforma de la PAC se lamentaba amargamente ante la imposibilidad de abrir líneas de negociación con la presidencia irlandesa, incluso nos revelaba la negativa de la Comisión a facilitarle la información que le estaba requiriendo. El eurodiputado explicó que el presidente del Consejo, el ministro irlandés de agricultura Simon Coveney, consideraba que el acuerdo político alcanzado el pasado mes de marzo en el Consejo de Agricultura estaba pillado con alfileres y, en consecuencia, el margen de maniobra para introducir las propuestas del Parlamento era prácticamente nulo. De hecho, el parlamentario nos comentó que la práctica totalidad de sugerencias realizadas caían en saco roto. La impotencia del Parlamento llega hasta tal punto que existe la amenaza de no ratificar el acuerdo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno alcanzado el pasado mes de febrero sobre las perspectivas financieras de la UE, lo cual supondría la parálisis del proceso de reforma de la PAC.
Así las cosas, podría pasar de todo: no cumplirse el calendario previsto y no alcanzar un acuerdo antes de la finalización del mes de junio; trocear la reforma y que sólo se aprueben los reglamentos que suscitan un mayor consenso; e incluso alcanzarse un acuerdo. No hacerlo supondría un fracaso estrepitoso del proceso negociador y se complicaría el proceso de reforma ante la convocatoria de elecciones previstas en Alemania para el próximo mes de septiembre.
Esta situación ha provocado el pánico y el presidente del COPA ha recriminado al Parlamento su amenaza de no ratificar las perspectivas financieras y complicar la discusión en el Consejo para la reforma de la PAC. Todo parece indicar que para nuestros vecinos del Norte más vale una mala reforma que una no reforma. Yo no soy de esa opinión y creo que una reforma a cualquier precio no se justifica ni ante el sector ni ante la sociedad. Pero mucho me temo que al final, como siempre, habrá acuerdo antes de que finalice la presidencia irlandesa. Lo peor vendrá después, cuando haya que convertir el acuerdo político en modalidades de aplicación, un acuerdo cogido con alfileres, donde los puntos oscuros no se han concretado por falta de compromisos precisos. Y lo peor no habrá terminado en Bruselas, vendrá cuando haya que trasponer la legislación comunitaria en España y veamos las dificultades que entraña la convergencia interna, la regionalización, la ausencia de instrumentos de regulación de marcado acordes con la volatilidad actual de los precios, cuando veamos que todo lo relativo al reequilibrio de la cadena se queda en una mera declaración de intenciones y la CNC seguirá capando a sus anchas.
Ante esta situación quiero reconocer la labor del Parlamento Europeo, al menos en lo que respecta a la reforma de la PAC, que ha sido mucho más estratégica que los debates desarrollados entre el Consejo y la Comisión, donde el “sálvese quien pueda” ha sido a norma imperante. Por ello, no puedo más que lamentar lo que está sucediendo y seguir apoyando una construcción europea más ambiciosa, donde compartamos una visión de futuro y rompamos de una vez los egoísmos cortoplacistas.
Lo dicho, la codecisión, a pesar de estar escrita en el Tratado de Lisboa y contar con el aplauso de todos, se puede quedar en un espejismo, en una declaración política que poco tenga que ver con la realidad, lo mismo que sucede con los principios inspiradores de la PAC: garantía de rentas, seguridad de abastecimiento, preferencia comunitaria,.....que se han mantenido en el Tratado, pero que, a juzgar por los hechos, están corriendo la misma suerte que la codecisión del Parlamento Europeo.